Ese mismo viernes 16 de mayo, sin embargo, la voz de cierta condescendencia con la actividad no tenía correspondencia con el vocero oficial de la dictadura, el ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Javier Cuadra Lizana ([1]), quien alertaba sobre actos de desorden y terrorismo. Dijo que tenían “informaciones fundadas de que existen sectores interesados en provocar durante esta reunión incidentes destinados a dar una imagen equivocada de lo que en Chile está sucediendo, para lo cual se han concertado para efectuar actividades de desorden, violencia e incluso actos de terrorismo”, apuntando la responsabilidad política ante cualquiera de estos acontecimientos en los organizadores del evento (LUN, 17 de mayo). A las 8.30 horas de ese viernes, Cuadra hizo estas declaraciones a la prensa, conociendo perfectamente los temas que tendría la Asamblea Parlamentaria Internacional: Derechos Humanos, Soberanía Popular, Unidad de los Pueblos, Solidaridad Internacional y Testimonios sobre la realidad emitidas por pobladores, juventud, trabajadores y mujeres. El vocero civil de la dictadura dijo que este encuentro de la oposición buscaba “precipitar en 1986 una crisis institucional en la República, pasando por sobre la voluntad del pueblo expresada en la Constitución Política”. Añadió que soberanía y nacionalidad eran valores que les competía “ante todo a las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden, que asumieron por ellos la histórica responsabilidad del 11 de septiembre de 1973” (LUN 17 de mayo). Cabe precisar que existe coincidencia que la Constitución del 80 fue plebiscitada en un proceso fraudulento (Fuentes Saavedra, 2013; Hiner, 2023), independientemente que este texto y sus reformas posteriores hayan logrado legitimidad en tiempos de Democracia.
Ante estas declaraciones, los asambleístas chilenos de la Democracia Cristiana (DC) Carlos Dupré Silva, Sergio Páez Verdugo y el último presidente de la cámara de Diputados antes del golpe, Luis Pareto González, calificaron de contradictoria la actitud del vocero Cuadra en relación con las conversaciones que se sostenían con los demás civiles de la dictadura. Páez dijo que hubo conversación con Cardemil, quien buscó trasladar la Asamblea a un lugar fuera de la capital por motivos de seguridad (El Mercurio, 17 de mayo).
Luis Pareto González, al día siguiente, el sábado 17 de mayo, dijo que no deseaba seguir polemizando con Cuadra: “no voy a responder descalificaciones”, mientras que su camarada de la DC, Carlos Dupré, denunciaba que hubo llamadas a los encargados de negocio de distintas embajadas de países participantes en la Asamblea, diciéndoles que habría actos de violencia, junto con haber recibido falsos télex (mensajes a distancia recibidos en papel o en pantalla) con una supuesta suspensión del encuentro (LUN, 18 de mayo). Estas acciones sin origen claro continuarían el segundo día de la Asamblea, el 20 de mayo, cuando se dijo que hubo una llamada anónima de bomba en el Hotel Tupahue, ante lo cual ingresaron carabineros a revisar las dependencias (La Tercera, 21 de mayo).
Durante el fin de semana previo a la asamblea, llegarían los parlamentarios de Argentina, Bolivia, Brasil, y se esperaba que entre el lunes 19 y martes 20 de mayo llegarían las delegaciones de países como Italia, Finlandia y el Parlamento Vasco. La representación argentina expresó que no temían a la dictadura: “no nos asustan las dictaduras. Hemos vivido lo mismo y nos hemos mantenido en pie”, dijo el diputado del partido Intransigente, Roberto Bakirdjian; mientras su colega, de la Unión Cívica Radical, Dolores Díaz de Agüero afirmaba que “los derechos humanos no tienen fronteras y por eso acompañamos a los países donde se vulneran estos derechos” (LUN, 18 de mayo).
Para el lunes, la única manera de conocer de conocer algo de las medidas que habían anunciado los jefes militares, y que implicaban los desvíos de tránsito, fue a través de la agencia internacional France Press: “la decisión se adoptó para prevenir desórdenes y manifestaciones durante el encuentro”, precisando que “nadie podrá entrar o salir de la zona acordonada, a excepción de habitantes del sector” (LUN, 19 de mayo). El área comprendía los alrededores del Hotel Tupahue y se aplicaría desde la madrugada de ese lunes. Así sucedió, la cantidad, tipos de efectivos armados y su emplazamiento solo se conoció al día siguiente por la prensa (ver Un Crimen de Lesa Humanidad).
[1] https://expedientesdelarepresion.cl/wp-content/uploads/2018/03/sentencia-jose-carrasco-rivera-vidaurrazaga-y-muskatblit.pdf