Crimen de Ronald Wood Gwiazdon

Cuando un militar está patrullando en una ciudad, es el Estado quien muestra la fuerza que potencialmente puede ejercer. Para el martes 20 de mayo de 1986, en Chile, no existía Estado: el poder legislativo había sido prohibido, el poder judicial mantenía un comportamiento claudicante ([1]) y de omisión ([2]) frente a los delitos de la dictadura cívico militar. Lo que estaba frente a la ciudadanía chilena ese 20 de mayo era el ejército nacional, instalado, sitiando un perímetro del centro de Santiago, la capital de Chile, para evitar cualquier indicio de manifestación.

La ocupación militar no solo fue la acción de respuesta ante el llamado del Comando Nacional de Trabajadores para manifestarse en “La Marcha por la Paz”, sino que fue desplegado a propósito de la Asamblea Parlamentaria Internacional, que sesionaba en el entonces Hotel Tupahue (calle San Antonio con Merced). Fue un encuentro que reunió a exparlamentarios chilenos cesados de su labor en 1973 y a congresistas de distintos países del mundo, que vinieron a apoyar la restauración de la Democracia en Chile (ver Democracia y Paz).

Hay que recordar que toda la región metropolitana, que incluye la comuna de Santiago, y casi todo el país estaba bajo un estado de excepción constitucional, en este caso, estado de emergencia, desde marzo de 1986 ([3]). El jefe militar de zona era el brigadier general del ejército Carlos Ojeda Vargas, secundado como reemplazante por el también brigadier general, Jorge Zinke Quiroz.

Entre militares se entendieron

El mayor general e Intendente de la región metropolitana, Osvaldo Hernández Pedreros ([4]) informó de los desvíos de tránsito, enviándole una nota al jefe de zona en estado de emergencia, brigadier general Carlos Ojeda Vargas (El Mercurio, 16 de mayo). De esta manera, se creó un cuadrante que abarcaba desde el río Mapocho, por el norte; calle Curicó, por el sur; Plaza Italia, por el oriente; y la carretera Norte-Sur, por el poniente.

La prensa informó que el control policial fue apoyado por militares. Se reportó, por ejemplo, que “los puentes Pío Nono, Purísima y Loreto, sobre el río Mapocho, también fueron cortados al tránsito de personas y vehículos” (LUN, 21 de mayo). Todo esto provocó un atochamiento en Providencia y Avenida Santa María, lo cual se sumó a la circulación sin parada del Metro de Santiago, que no se detuvo en las estaciones Baquedano ni Universidad Católica.

Había tanquetas, por ejemplo, en las cercanías de Plaza Italia, en la intersección de Almirante Simpson con Ramón Carnicer. La prensa lo describió de la siguiente manera: “contingentes militares y vehículos blindados se apostaron en Vicuña Mackenna y calles adyacentes, en las cercanías de Plaza Italia, al tiempo que patrullas de soldados con sus rostros tiznados tomaban posición en las principales arterias del centro de Santiago” (LUN, 21 de mayo). En ese sector de la Plaza Italia se apostaron militares, quienes “con sus rostros pintados de negro disolvieron todo intento de reunión. Cuando eran aproximadamente las 19 horas, un joven oficial ordenó juntar a los periodistas y reporteros gráficos, incautando varias casetes y obligando a velar los rollos fotográficos. El fotógrafo de La 3° Ariel Morales recibió culatazos en la espalda” (La 3°, 21 de mayo). Esto también se constató en Avenida Alameda Bernardo O”Higgins

El propio Augusto Pinochet habló de cierre: “Me habían amenazado con una columna. Cerré la ciudad. La ciudad está en estado de sitio” (LUN, 23 de mayo). Hubo carabineros y militares que actuaron en algunos puntos, como el Puente Loreto; como también hubo mayor presencia militar en la propia Alameda (registros fotográficos), Plaza Italia, Los Héroes y río Mapocho; o solo contingente policial, como el despliegue en cordón, que rodeó el Hotel Tupahue.

El día 20 de mayo

Al cuadrante general, férreamente controlado, solamente se permitió el paso a personas que trabajaban o que residían en el centro de Santiago (El Mercurio, 20 de mayo), pero se prohibió que se caminara en grupos de más de 5 personas, se revisaban las carteras a las mujeres o se pedían documentos de identificación (LUN, 21 de mayo).

Esa mañana del día 20 de mayo, a pocas cuadras del puente Loreto, el dirigente del partido Demócrata Cristiano, Gabriel Valdés fue impedido de avanzar hacia el Hotel Tupahue. Carabineros también buscó impedir el avance del entonces presidente de la Asamblea de la Civilidad, el doctor Luis González Reyes, quien además era presidente del Colegio Médico y de la Confederación de Colegios Profesionales. Él estaba acompañado por el dirigente de maestros, Osvaldo Verdugo; el presidente del comercio detallista, Elías Brugere; el presidente de la FEUSACH y representante del CONFECH Andrés Rengifo Briceño; y el representante de una entidad de estudios constitucionales, llamado el Grupo de los 24, Ignacio Balbontín (La 3°, 21 de mayo).

Pese a todo el despliegue militar y policial, sí se registraron manifestaciones. Se reportaron en Avenida Portugal, en la misma calle San Antonio y Mapocho con Recoleta, donde la prensa informó “de incidentes en Mapocho con Recoleta, donde se sintieron numerosas detonaciones, al parecer efectuados al aire por las fuerzas policiales y militares” (LUN, 21 de mayo). El sector descrito se ubica en la ribera del río Mapocho, cuyo cauce bordea distintos puentes, como el de Recoleta, Patronato, el entonces llamado Loreto, Purísima y Pío Nono; este último, ya en el área de plaza Italia.

Un crimen de lesa humanidad

Ese 20 de mayo de 1986, en la tarde, cayó herido Ronald Wood Gwiadzon, estudiante de 19 años, del Instituto Profesional de Santiago (IPS), quien falleció tres días después.

Los militares y sus organismos de persecución política ya habían asesinado a centenares de personas en 13 años de dictadura. Este crimen, al igual que aquellos, fueron reconocidos como de lesa humanidad, un tipo de delito confirmado en dos resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas ([5]) ([6]), declarándolo imprescriptible (ONU, 1968, res.2391) ([7]).

La primera definición de crimen de lesa humanidad se encuentra en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945, que afirma que este delito puede ocurrir tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz, considerándose como tal

el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna de país donde se perpetraron ([8])

Con esta categoría jurídica internacional, el juez español Baltasar Garzón buscó la extradición, en 1998, del dictador chileno Augusto Pinochet desde Londres, donde había sido capturado. El argumento fue que pese a la amnistía decretada en Chile, no corresponde aplicarla cuando se trata de Delitos Internacionales [9].

Pinochet salvó del juicio en España. Pero en Chile, el efecto del caso se dejaría notar tras su muerte. Pinochet moría el 10 de diciembre de 2006, y tres días después, el 13 de diciembre, la Corte Suprema consideró la obligación de los Estados “de perseguir y sancionar los actos que constituyan crímenes de guerra o de lesa humanidad, ya que estos no prescriben” (Bustos Bustos y Delgado Díaz, 2025, p.306), y aplicó una condena en un caso de derechos humanos, consolidando jurídicamente la aplicación de la imprescriptibilidad en casos acreditados como de lesa humanidad.

Con esta decisión del máximo tribunal chileno, el crimen de Ronald Wood se hizo imprescriptible.

Sin embargo, han pasado 40 años y todavía no se sabe quién disparó al joven estudiante de 19 años, Ronald Wood Gwiazdon, dejándolo agónico por tres días y convirtiéndolo, con su muerte, en un mártir de la dictadura ([10]), uno más de la comprometida juventud universitaria chilena.

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